Una película puede devolvernos una calle desaparecida, una voz, un gesto o una manera de imaginar el futuro. Pero ninguna imagen tiene garantizada su permanencia. Cada 27 de octubre, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual recuerda esa fragilidad. Proclamada por la UNESCO en 2005, la fecha conmemora la recomendación de 1980 sobre la salvaguardia de las imágenes en movimiento. El lema de 2026, «Su ventana al mundo», invita a reconocer el valor de los archivos para comprender otras sociedades y conocer la propia.
En la Argentina, esa ventana reúne paisajes diversos, pero también presenta ausencias. Nuestro patrimonio está distribuido entre organismos públicos, museos, universidades, canales, radios, productoras y colecciones particulares. Allí conviven clásicos cinematográficos, documentales, noticieros, cortometrajes, publicidades y filmaciones familiares. No todo está identificado, conservado o disponible para consulta.
La situación combina una valiosa tradición de rescate con desigualdades de infraestructura, recursos y continuidad institucional. No sería justo afirmar que nada se hace; tampoco que todo está protegido. Existen profesionales e instituciones comprometidos, pero la supervivencia de las obras no debería depender de esfuerzos aislados.
El cine merece especial atención porque es, simultáneamente, creación artística y testimonio histórico. Incluso una ficción conserva formas de hablar, paisajes urbanos, conflictos e imaginarios de su época. Cuando desaparece una película, perdemos mucho más que un título: desaparecen actuaciones, decisiones estéticas y el trabajo de quienes la hicieron.
Entre las instituciones fundamentales se encuentra el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, cuya colección reúne más de 90.000 rollos. Su relevancia también es internacional: en 2008 se identificó allí una copia de Metrópolis, de Fritz Lang, con secuencias consideradas perdidas, decisivas para su reconstrucción posterior. El Archivo General de la Nación, por su parte, conserva documentos audiovisuales y sonoros indispensables para estudiar nuestra historia.
La creación de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional —CINAIN— mediante la Ley 25.119 expresa el reconocimiento de una responsabilidad pública. Sin embargo, una ley necesita traducirse en capacidades efectivas: personal, presupuesto, depósitos, equipamiento y trabajo sostenido. Conservar exige mucho más que declarar valioso un patrimonio.
La perspectiva federal resulta igualmente necesaria. La memoria argentina no termina en Buenos Aires. Archivos universitarios y regionales, como el Centro de Conservación y Documentación Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba, permiten recuperar historias locales. Fortalecerlos supone distribuir conocimientos, asistencia técnica y posibilidades de acceso, no únicamente centralizar materiales.
Mientras tanto, el deterioro continúa. El nitrato requiere condiciones específicas de seguridad; el acetato puede sufrir el llamado síndrome del vinagre; las cintas magnéticas dependen de reproductores cada vez más difíciles de mantener. El tiempo no espera a que se resuelvan las dificultades administrativas.
Digitalizar ayuda, pero no equivale a preservar. Los archivos digitales necesitan copias redundantes, controles de integridad, documentación y migraciones periódicas. Una película disponible en una plataforma tampoco tiene asegurada su conservación: los catálogos cambian y los acuerdos vencen.
Por eso, el futuro requiere presupuestos sostenidos, conservación preventiva, formación profesional y cooperación entre el Estado, las universidades, las organizaciones y los particulares. También hacen falta condiciones para que las obras vuelvan a encontrarse con el público, respetando los derechos correspondientes.
Preservar nuestro cine es decidir que la Argentina del futuro no deba conocernos solamente a través de las imágenes que sobrevivieron por casualidad. Una pantalla en negro puede ser una pausa. Pero, cuando un archivo se pierde, ese silencio puede volverse definitivo.